En defensa de los derechos sexuales y reproductivos

En casos de violencia sexual, el Estado tiene la obligación de acompañar e informar sobre todas las opciones posibles, incluida la anticoncepción oral de emergencia y el aborto impune.

Desde el Frente por los Derechos Igualitarios (FDI) defendemos los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. Señalamos que el embarazo adolescente es un severo problema de salud pública, que encuentra su raíz en la desigualdad y violencia de género. Recordamos que solo en 2015, un total de 432 niñas menores de 15 años afrontaron maternidades tempranas, producto de la violencia sexual, muchas veces originada en el propio entorno familiar.

El Estado tiene la obligación de enfocar sus esfuerzos en la prevención mediante una educación sexual y afectiva, fundamentada en las bases de la ciencia y no de la religión, que permita a todas las mujeres y niñas empoderarse e informarse sobre formas de denunciar la violencia de género.

“Es deber del Estado y sus instituciones promover una vida libre de violencia para todas las personas y, sobre todo, para las niñas, sin injerencia alguna de dogmas morales y religiosos que pretendan imponer su visión particular para limitar las decisiones personales y derechos humanos de todas las personas”, dijo Janekeith Durán, integrante del FDI.

Además, en casos de violencia sexual, el Estado tiene la obligación de acompañar e informar sobre todas las opciones posibles, incluida la anticoncepción oral de emergencia y el aborto impune. Exigimos a las instituciones estatales correspondientes garantizar el acceso al aborto impune. Para ello, reclamamos la aprobación urgente de un protocolo para la interrupción del embarazo según las causales del Artículo 121 del Código Penal, referidas al riesgo a la vida o salud de la mujer. Esto considerando la salud como un aspecto integral que contempla lo físico y mental, según tratados internacionales de derechos humanos vinculantes y el criterio científico de la Organización Mundial de la Salud.

Este derecho a decidir debe darse además en un marco informado que asegure que se brinde toda la información necesaria y opciones posibles en atención al Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Víctimas de Violación Sexual. De lo contrario, cientos de mujeres y niñas se seguirán viendo forzadas a asumir maternidades forzadas o tempranas y a enfrentarse ante la inoperancia estatal en la protección de su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.

“La violación de los derechos de una persona, es la violación de los derechos de todas las personas. De la misma forma en que la población LGBTI vemos día a día violentados nuestros derechos, nos solidarizamos con las personas, especialmente mujeres, a quienes no se les garantiza todos sus derechos y manifestamos nuestro compromiso con los derechos sexuales y reproductivos. Esta consigna nos obliga a manifestarnos contra cualquier tipo de violencia física o sexual sufrida por las mujeres y niñas de nuestro país. Hacemos un ferviente llamado para que el Estado costarricense garantice una vida libre de violencia para todas las personas sin discriminación alguna”, dijo Durán.


Vocería:
Janekeith Durán: 8668-6978 - janekeith@fdi.cr

Prensa:
Diego Pérez Damasco - 8882-8169 • Esteban Cubero Hernández - 8739-2239

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